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En el debate público argentino, la reforma laboral suele presentarse como una necesidad técnica inevitable: modernizar, flexibilizar, adaptar el trabajo a los desafíos del siglo XXI. Sin embargo, esta formulación aparentemente neutral oculta una pregunta central que rara vez se explicita: ¿Modernizar para quién y desde dónde?

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El gobierno de Javier Milei, junto a sus aliados, asegura que – con los beneficios para empresas -aumentará el empleo formal. Empero, hasta quienes votaron a favor, expresaron sus dudas y reparos.

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El paro general convocado por la CGT no es un capricho corporativo ni una resistencia irracional al cambio. Es la expresión visible de un conflicto mucho más profundo: el choque entre dos modelos de sociedad y dos concepciones antagónicas del desarrollo. La reforma laboral impulsada por el gobierno se presenta como una herramienta de modernización, pero en realidad funciona como un mecanismo clásico de ajuste regresivo en una economía periférica.

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Supongamos que vos sos un selenita, alguien que vino de la luna y aterrizó en la Argentina porque estaba fresco.

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LA NORMALIDAD MENTIROSA

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La creación del FAL abre diferentes preguntas sobre la constitucionalidad de la reforma. El autor, profesor emérito de Derecho, señala que se puede abrir una nueva serie de juicios. Plantea diferentes escenarios posibles, donde los empleadores y los trabajadores pueden encontrarse en situaciones conflictivas. Así, lo que podría nacer como una solución, se transforma en un desafío, que deberá ser contemplado en la futura discusión entre los legisladores.

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Los sindicatos están luchando contra la denominada ley de modernización laboral, que en realidad es regresiva. En especial contra el Fondo de Asistencia Laboral, que permitiría despedir a su personal sin razonabilidad y sin costo alguno. Se integra con un aporte patronal del tres por ciento de la masa salarial, aportados por el empleador. Pero a su vez le reducen el tres por ciento de los aportes patronales al sistema jubilatorio. En concreto, el despido injustificado es sin costo alguno.

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Me dirijo a usted desde el ejercicio concreto de una función que rara vez ocupa el centro del debate público, pero que carga con una de las responsabilidades más complejas del Estado: administrar justicia en el fuero penal juvenil.

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Algo cambió de manera silenciosa pero profunda en el mercado laboral, y las universidades no pueden seguir mirándolo desde afuera. Las búsquedas de empleo más recientes —impulsadas por grandes consultoras de recursos humanos y plataformas globales— muestran una tendencia clara: en la mayoría de los puestos ya no se exige un título de grado específico como condición excluyente. Lo que se pide, cada vez con mayor énfasis, son competencias concretas, habilidades aplicables y capacidad demostrable para resolver problemas reales.

  1. El equilibrio fiscal costó un tercio del gasto público: alertan por la reciente “deuda social” que genera - Por Diego Lanese (*)
  2. Opinión - Plan chino – plan argentino - Por Félix González Bonorino
  3. La precarización avanza con Milei: los trabajadores por “cuenta propia” y no registrados ya superan a los registrados - Por Matías Tagliani (*)
  4. Opinión - El Nivel Inicial: entre derechos conquistados y desafíos pendientes - Por Mariana Comba

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